Miles de viviendas prefabricadas en Uruguay se acumulan en depósitos del gobierno venezolano. La Contraloría de aquel país detectó en 2009 que apenas 11 de las 12.000 casas compradas a la empresa Umissa fueron instaladas.
Mientras el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firma acuerdos con Bielorrusia para la construcción de viviendas en su país, la Contraloría General de la República Bolivariana detectó en su informe de gestión de 2009 que se instalaron apenas 11 viviendas prefabricadas de las miles que fueron importadas de Uruguay.
Un acuerdo, firmado hace cuatro años, estableció que la firma Unión Metalúrgica Industrial del Sur S. A. (Umissa) se comprometía a vender a Venezuela 12.193 casas prefabricadas (17% de emergencia y 87% urbanas).
De acuerdo con datos divulgados por el diario El Nacional de Caracas, la empresa uruguaya remitió gran parte de las viviendas comprometidas por lo que cobró, mediante el Fondo Artigas-Bolívar, el 45% del precio acordado, unos 70,69 millones de dólares, de un total de US$ 155 millones.
El director de la empresa Umissa, Alejandro Lagrenade, señaló a El País que hasta el momento se han instalado unas 3.000 viviendas en distintas localidades de Venezuela y que resta producir otras tantas para culminar el contrato.
"El gobierno (de Venezuela) está decidiendo donde instalar el resto. El contrato sigue vigente; a nosotros nos falta enviar unas 3.000 viviendas, está todo perfecto", dijo Lagrenade.
El empresario sostuvo que entre 2007 y 2008 se construyó un complejo de viviendas fabricadas por Umissa en Maracaibo. En prueba ello ofreció fotografías de la instalación.
El periódico venezolano localizó varios depósitos en los que se encuentran los kits enviados por la empresa uruguaya; algunos de ellos en galpones de la aduana venezolana y otros diseminados por distintas localidades.
El caso recuerda un episodio similar ocurrido en junio pasado, cuando miles de toneladas de alimentos se echaron a perder por problemas burocráticos en los puertos venezolanos que fueron estatizados en 2008.
En el barrio El Retazo de la ciudad de San Carlos, estado de Cojedes, se calcula que se necesitan 700 viviendas, ya que la mayoría de los vecinos viven en ranchos. Sin embargo en los depósitos de la municipalidad permanecen varios kits que nadie sabe dónde terminarán.
Tiempo atrás un grupo de mujeres de ese barrio quisieron tomar el galpón donde se guardan las casas uruguayas.
Una veintena de vecinas se instaló frente al local y llamaron a los medios. La movilización consiguió que la secretaria del gobernador de San Carlos, Teodoro Bolívar, las atendiera. "Nos prometieron que nos entregarán esas casas muy pronto", dijo una de las vecinas.
El coordinador del acuerdo con Uruguay en Cojedes, Winston Barón, señaló a El Nacional que muchas casas están incompletas.
"El material de iluminación aún no ha llegado. Faltan terminaciones, algunos tornillos. Acá lo que hay son las estructuras de metal y las paredes", afirmó.
Un diputado oficialista de la Asamblea Nacional de Venezuela confesó a El Nacional que "unos dicen que no se instalaron las casas porque el material era contaminante. Otros porque no estaban completas. Eso es responsabilidad de quienes hicieron la evaluación. No puedes hacer un convenio y después decir que los materiales no son aptos".
Lagrenade sostuvo que el legislador informante confundió las casas de Umissa con viviendas construidas en base a plástico que no son las que fabrica Umissa. El empresario explicó que el sistema constructivo que utiliza aplica básicamente aluminio, cemento y madera.
La planta de Umissa cuenta con unos 200 operarios para la fabricación de casas. Cada vez que el Estado venezolano resuelve comenzar la instalación de las viviendas un equipo de 16 integrantes de la firma asesoran a los constructores venezolanos.
El empresario subrayó que su familia se dedica a la construcción de este tipo de viviendas desde hace 100 años y que hizo negocios en 17 países.
Cifras del Estado venezolano indican que el país presenta un déficit de viviendas cercano a los 2 millones. El presidente Chávez ha firmado acuerdos con cinco países, entre ellos Uruguay, para la compra de viviendas de distintas características.
La Contraloría venezolana recomendó al Ministerio de Vivienda de aquel país rescindir el contrato, exigir su cumplimiento de acuerdo con las condiciones establecidas o efectuarle las modificaciones que considerare necesarias.
Los diputados del estado Cojedes citaron al gobernador Teodoro Bolívar para que informe sobre la situación del convenio de construcción de casas con Uruguay, cuya negociación en 2006 encabezó su antecesor, Johny Yánez Rangel.
El ex gobernador aparece en una foto de una reunión en Uruguay junto a Guido Antonini Wilson, un venezolano que intentó ingresar a Argentina con un maletín que contenía US$ 800.000. El episodio generó investigaciones en varios países, entre ellos Uruguay.
"Queremos saber hasta qué punto está involucrado el estado de Cojedes en las irregularidades denunciadas, si se piensa continuar la construcción, si hay denuncias por el incumplimiento del convenio. Queremos que Bolívar nos diga si sabe qué pasó con un plan que podría resolver el déficit local de viviendas", dijo a El Nacional Juan Bautista Pérez, coordinador del bloque parlamentario.
Antonini: lobbista en tiempos de Chávez
Los negocios en los que tuvo alguna participación el lobbista venezolano Guido Antonini Wilson, entre ellos Umissa, generaron ríos de tinta en Argentina, Venezuela y Uruguay. En agosto de 2007, Antonini pretendió ingresar en Buenos Aires con una valija en la que trasladaba de forma ilegal US$ 800.000. Ese dinero estaba destinado a la financiación de la campaña de la entonces candidata y actual presidenta argentina Cristina Fernández.
Esa situación, sumada al hecho de que Antonini Wilson realizó seis viajes a Montevideo entre 2007 y 2008, hizo que los diputados nacionalistas Pablo Abdala, Rodolfo Caram, Mauricio Cusano y Gonzalo Novales pidieran en noviembre de 2008 que se investigaran los negocios de Antonini en Uruguay. En su momento, la Justicia también tramitó una denuncia de un ex socio de Antonini Wilson sobre un presunto desvío de US$ 18.000.000 hacia una cuenta común que el empresario tenía con Lagrenade y otras dos personas.
Al declarar ante la Justicia de Estados Unidos en 2008, Antonini Wilson dijo que los gastos de defensa en ese país eran financiados con dinero que retiraba de una cuenta bancaria de Umissa.
En una entrevista que concedió al diario Clarín, Antonini expresó que era "vox populi" que en Argentina se cobraban coimas para concretar negocios. Según afirmó el empresario venezolano Claudio Uberti, ex funcionario del Ministerio de Planificación durante el gobierno de Néstor Kirchner en el vecino país, había montado una oficina en Caracas donde se ocupaba de cobrar "peajes".
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